La Fundación Mbiguá marcó la “falta de transparencia e incumplimiento de la Constitución Provincial en el proceso de la mega obra aprobada por el Senado, que habilita a un endeudamiento exorbitante por parte del estado entrerriano”. La entidad ambiental se refirió al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico”, como así también autoriza operaciones de crédito para financiar las obras. Asimismo, la institución puso en duda “la matriz del proyecto, sus supuestos beneficios” y denunció “la falta de respuesta ante un pedido de información formulado hace ya seis meses”, según informó a ANALISIS DIGITAL.La entidad verde analizó en un comunicado: “Diciembre es un mes de novedades delicadas para Entre Ríos. Desde hace cuatro años Fundación M’Biguá publica, en el último mes del año, el resultado de un monitoreo sobre objetivos ambientales planteados en la Constitución provincial que no han sido cumplidos aún”. Y agregó: “También en diciembre suelen aparecer en escena temas ambientales escandalosos. En ese sentido, desde la organización recuerdan que en 2011 se presentó la idea de crear una sociedad anónima para que un pequeño grupo de personas administre más de 150.000 hectáreas de tierras fiscales bajo el nombre de Arroz del Delta Entrerriano S.A. y en 2012 se presentó el proyecto de inversión de 1.500.000 dólares para la perforación de un pozo termal en Paraná”.
“En 2014 quisimos anticiparnos pero fallamos”, lamentaron desde Mbiguá, ante esos antecedentes.
“El 28 de julio solicitamos tener acceso a la información relativa al compromiso asumido con la República Popular China, ICBC y la empresa estatal china de construcciones en relación a la ejecución de acueductos en la provincia de Entre Ríos y ante la falta de respuesta, el 21 de octubre realizamos la correspondiente denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos sin que hasta la fecha hayamos podido obtener información alguna sobre las obras referenciadas”, detalló Diego Rodríguez, director ejecutivo de Mbiguá.
Finalmente y de modo parcial, claro, la información apareció el 29 de diciembre cuando el Senado provincial autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un crédito por la suma de 366.000.000 dólares más gastos de comisión a una tasa de 4.5 por ciento +LIBOR para financiar las obras de riego Mandisovi-Chicoy La Paz-Estacas de Entre Ríos.
“Se trata del mayor compromiso financiero provincial para dos obras que aún no tienen licenciamiento ambiental y todo se ha manejado con tal urgencia que la oferta de crédito se mantiene solo hasta el 28 de febrero de 2015, fecha en la cual es imposible cumplir con nuestra propia normativa provincial”, advirtió Rodríguez.
Desde Mbiguá sostienen que surgen dudas “por todos lados” de los datos que emergen de los propios informes oficiales, especialmente en cuanto a la viabilidad económica y ambiental del proyecto.
“Originariamente la obra se presupuesto en aproximadamente 90.000.000 dólares por lo que no se explica el actual incremento. Tampoco han identificado los beneficiarios correctamente, en tanto que para el caso La Paz-Estacas se habla de entre 240 y 633 regantes siendo el promedio de superficie de sus campos de 47 ha., por lo que la viabilidad económica de la obra se ve seriamente comprometida a mediano plazo, más teniendo en cuenta que la mayoría de los propietarios actualmente son pequeños ganaderos que habrán de transformar sus actividades”, indicó.
En tanto que desde el punto de vista ambiental, “gran parte de los suelos serán vertisólicos, suelos muy difíciles de regar y sobre los cuales no hay mayor experiencia en el mundo, lo que no se encuentra claramente explicado en la información actualmente difundida”, puntualizó.
Desde la organización recordaron que “no existen estudios de impactos ambientales aprobados de los dos proyectos actualizados a partir de la intervención de los equipos técnicos chinos, conforme el mensaje del gobernador a la Legislatura” y subrayaron que “un proyecto que integra dos acueductos y reúne características de mega obra de infraestructura, por escala y sumas a invertir, necesita una evaluación ambiental estratégica o por lo menos estudios de impacto ambiental acumulativos”.
En el mismo sentido, desde Mbiguá recordaron cada una de las “grandes deudas” que aún quedan por saldar respecto al incumplimiento de la Constitución Provincial en temas ambientales.
De ese modo, enumeraron:
* Incumplimiento de la reglamentación por ley de la Constitución de la provincia de Entre Ríos en sus cláusulas ambientales y sobre sustentabilidad.
* Inexistencia del marco ambiental.
* Inexistencia de una norma con rango de ley ambiental sobre estudios de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.
* Incumplimiento de la continuidad del debate y convocatoria participada para el ordenamiento ambiental territorial del bosque nativo.
* Sin conformación del ente de política ambiental de acuerdo a lo normado en la constitución de la provincia en su artículo 84.
* Sin presupuesto, normas reglamentarias y personal asignado a las áreas naturales protegidas de la provincia de Entre Ríos, en particular Paraná Medio, delta inferior y departamento Victoria en área de humedales. Sin procesos abiertos de participación ciudadana para la construcción social e institucional de sus planes de gestión ambiental y ordenamiento ambiental del territorio.
* Inexistencia de una política y su legislación que determine el marco para la utilización de los agrotóxicos.
* Falta de debate público y tratamiento de la ley de prohibición del fracking en la provincia
* Penalidades y sanciones no implementados a faltas comprobadas de desmontes ilegales, salvo puntuales excepciones.
* Sin resolución a la construcción ilegal de terraplenes en el Delta destinados a la obtención de nuevas tierras para explotación agrícola (soja).
* Ausencia de una Ley específica para la gestión integrada de los recursos hídricos.
* Inexistencia de un plan estratégico de desarrollo provincial para los próximos 50 años e incumplimiento constitucional de la conformación del consejo económico y social.
* Ausencia de leyes de promoción para el establecimiento de energías alternativas limpias y renovables (art. 83).
Fuente: http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=213180
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