En tiempos de crisis lo urgente suele desplazar a lo importante. Ocurrió durante la semana que ha terminado. Detrás del ruido los diputados votaron una ley que en lugar de presevar el monte nativo lo entrega a intereses sojeros e inmobiliarios.
Mario Alarcón Muñiz
Las secuelas de la protesta policial, la conmemoración de los trágicos episodios de 2001, las deficiencias del servicio eléctrico, el nuevo ajuste impositivo provincial votado por la Legislatura en la oscuridad y a la carrera, los gremios estatales en la calle reclamando su equiparación con los policías, los diputados oficialistas de Entre Ríos proponiendo amordazar las redes sociales, un ministro que los apoya y después se arrepiente, fueron algunos de los capítulos más comentados de esta semana tórrida. No hace falta agregarle pimienta. En la alacena dejamos a Boudou, Lázaro Báez, el fiscal Campagnoli y Macri perdonando una deuda multimillonaria a un empresario K del juego.
Unos más, otros menos y de manera diferente, son asuntos que gravitan en la vida ciudadana de estos días. Corresponde atenderlos y en lo posible solucionarlos. La crisis energética es, seguramente, el más acuciante, porque afecta a todos los sectores (producción, trabajo, familia, salud) y no se resuelve para el sábado que viene (día de los inocentes). En todos los casos hablamos de temas urgentes que nos preocupan.
Sin embargo, entre la polvareda provocada por el galope de estas cuestiones ruidosas, pasó disimulado y desapercibido el tratamiento en la Cámara de Diputados, a todo trapo, entre bambalinas, de la ley de “protección” del monte nativo. No es la primera vez que sucede. En varias oportunidades hemos comentado esta forma de proceder en los asuntos públicos que nos interesan a todos, dejándonos a todos a la intemperie, como si fueran cuestiones ajenas o exclusivas de un grupo de iluminados. Se repitió.
Seguir talando para seguir sojeando
Esta vez kirchneristas (o urribarristas), ex bustistas y radicales, se pusieron de acuerdo para elaborar una obra maestra de la contradicción, otorgando media sanción el martes 17 a un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo menos de una semana antes: el miércoles 11. Es impresionante la capacidad, la inteligencia, la erudición, la profundidad conceptual de estos legisladores que en tan escaso tiempo estudiaron, reflexionaron y resolvieron sin consultar a ningún experto, una ley de 35 artículos más un anexo de 12 páginas que incidirá en los próximos cien años de la vida entrerriana. Una maravilla.
Sí. Una maravilla para los grandes terratenientes que al amparo de la ley de “protección del monte nativo” seguirán talando para continuar sojeando. Muy “nacional y popular” que se diga, no es. Muy “radical” tampoco. A nuestros hijos y nietos que Dios los ayude. Los espera el desierto.
Hace seis años (diciembre 2007), el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.331 (ley Bonasso), de presupuestos mínimos para la preservación del bosque nativo. Además de medidas conservacionistas, la norma establece estímulos a los productores que preserven el bosque, otorgándoles subsidios manejados por cada provincia adherente a la ley nacional.
En poco tiempo adhirieron 20 provincias. Entre Ríos no lo hizo. Perdió los subsidios de estos seis años, mientras grandes empresas agropecuarias se apresuraban a arrasar el monte. Más de una vez planteamos el problema en esta columna. Campanas de palo.
Desde las oficinas refrigeradas
En 2012 el PE presentó un proyecto de adhesión que inexplicablemente durmió en la Cámara de Diputados. Para su elaboración contribuyó la cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Tras acumular polvo durante más de un
año sin que nadie se interesara, el proyecto fue retirado y reemplazado por el que se votó apresuradamente el martes. Esta última iniciativa no tuvo en cuenta las recomendaciones universitarias, a nadie se le ocurrió levantar el teléfono para consultar, por lo menos al INTA y ningún experto fue convocado. Por los resultados cabe suponer que también se ignoró la ley provincial 8318, de conservación de suelos, sancionada en 1989, primera del país en su tipo y tampoco el estudio de suelos que en 2008 realizó el INTA mediante convenio con la Provincia.
En cambio, traza una zonificación arbitraria por grupos de departamentos. Imagina los montes y los pajonales desde una oficina legislativa con aire acondicionado. De la misma manera clasifica a los productores en tres categorías: a) hasta 10 hectáreas; b) hasta 300; c) de 301 en adelante. Ha de saberse que 10 hectáreas en Victoria no es lo mismo que igual superficie en Feliciano, de modo que tal clasificación también es arbitraria.
De la erosión, que es el más grave problema del suelo entrerriano, poco se habla en la ley. Prohíbe desmontar hasta 100 metros de la costa de los grandes ríos y hasta 50 metros de los arroyos para frenar los efectos erosivos. Eso no sirve. Según los expertos es sólo un dibujito. La creciente más chica cubre el área y erosiona.
Del otro lado de las palabras
Más allá de las palabras lindas y mejores intenciones (preservación del monte nativo, manejo y aprovechamiento sustentable, fomento de áreas naturales protegidas, compensaciones por la conservación del bosque, fomento de actividades de enriquecimiento del monte, a todo lo cual se refiere la ley), la realidad indica que la norma protege los grandes intereses sojeros, porque sólo para esto se ha talado los últimos años. Es decir, una idea sólo productiva, extractivista: la de sacarle a la tierra todo lo que se pueda sin atender las consecuencias.
La iniciativa determina tres categorías del monte: Roja (alto valor de conservación, no debe desmontarse); Amarilla (mediano valor, se puede conservar el 80%) y Verde (es posible desmontar). ¿Quién clasifica? El Ministerio de la Producción. O sea que depende del criterio de quien esté al frente de la cartera o de sus colaboradores. Se crea una comisión, pero sólo asesora, sin poder alguno, siquiera de convocatoria.
Obsérvese que el asunto es conceptual. Se habla de protección del monte, pero la autoridad de aplicación no será la Secretaría de Ambiente, sino el Ministerio de la Producción. ¿En qué quedamos? ¿Se trata de conservar el monte o de otra cosa?
Por ahí andan los grandes sojeros (“pooles” y demás, Monsanto, Cargill y similares) sumados a los intereses inmobiliarios que ya están chaireando. No es lo mismo vender un monte que un predio talado con autorización.
Si la ley se aprueba, será una obra maestra de la contradicción.
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